Disertación acerca de la Política de Seguridad Democrática

Me referiré esta vez de manera muy breve a una conversación sostenida la noche anterior entre algunos estudiantes de mi curso y la Doctora Flor Agudelo, directora del consultorio jurídico de la universidad, quien además es nuestra profesora de MASC (Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos). Hablábamos pues, del actual gobierno de nuestro país y desde luego de su principal protagonista: Álvaro Uribe Vélez. La profe planteó el principal argumento de los uribistas que padecen esa rara patología nacional que he dado en llamar miopía política crónica; dijo que la Política de Seguridad Democrática era uno de los mayores aciertos de esta administración, porque ahora los colombianos podíamos andar en nuestro carro libre y desprevenidamente por las carreteras del país sin el peligro inminente de que la guerrilla nos secuestre o nos robe el carro y los demás bienes que poseemos, es decir, que la política de seguridad democrática había aliviado esa enorme y angustiosa sensación de inseguridad, desprotección e incertidumbre (Unsicherheit, como lo define Sigmud Bauman en su libro En busca de la política – pag 24).
Inmediatamente la increpé invitándola a reflexionar en torno al costo que la política de seguridad democrática ha tenido para los demás colombianos que compartimos este territorio (los que no tenemos carro y prácticamente no poseemos bienes materiales susceptibles de raponería, que a la postre somos mayoría), y por mencionar solo algunos de esos costos, le dije que en nombre esta macabra política de gobierno, 11 jóvenes de Soacha fueron privados de su libertad hace poco y transportados por efectivos de nuestro glorioso ejército nacional a 400 kilómetros de distancia de su casa, para luego ser brutalmente asesinados, disfrazados de guerrilleros y seguidamente presentados como muertos en combate, para que oficiales, suboficiales y soldados pudieran obtener asensos, licencias y condecoraciones por los resultados obtenidos en el marco de esta maravilla nacional que se llama Política de Seguridad Democrática.

Creí que este argumento bastaría para derrumbar ese sofisma que nutre de orgullo a las huestes uribistas, pero fui ingenuo al pensar que esta pequeña píldora pudiera curar esta miopía política uribista en mi profe.

Tratando de reforzar mi disertación, mencione muy superficialmente otros de los costos que la política de seguridad democrática ha acarreado a los colombianos, hable entonces, por mencionar solo algunos de los ejemplos más sonados en los medios escritos (pues la televisión y la radio están también contagiadas de esta epidemia de la miopía, enfermedad por cierto muy parecida a la descrita por Saramago en su obra Ensayo sobre la ceguera) de la yidispolítica, de las chuzadas del DAS, de la feria de notarías o cuellopolítica que permitió la aprobación del referendo reeleccionista, fenómeno frente al cual la yidispolítica parece un juego de niños, de la “vocación empresarial y el emprendimiento” de los hijos del presidente que abusan del poder para incrementar en cifras exponenciales su patrimonio mediante la creación de zonas francas por medio de actos de corrupción y manipulación, de la violación perpetrada por nuestro glorioso ejército nacional al irrumpir de manera atrevida en la casa del vecino (léase Ecuador) para cazar a Raúl Reyes y luego presentarlo como un trofeo de guerra ante la opinión pública, de la parapolítica, del desprestigio de nuestras instituciones públicas (congreso, fiscalía, procuraduría, cortes entre otras), de Carimagua, de Agro Ingreso Seguro, de la visita de Job a Palacio por la puerta de atrás.

Estaba en estas cuando la profe tomo el uso de la palabra para tratar de rebatir mis argumentos, y con aire algo impúdico aunque liviano, y en una actitud que nunca esperé en mi profesora de MASC, empezó a decir lo que a continuación relato:
Arguyó frente al asunto de los jóvenes de Soacha, que estos eran ciudadanos con antecedentes judiciales de subversión y rebeldía, y que habían sido contactados por la fuerza pública con el señuelo de que irían a delinquir con grupos armados y a hacer “vueltas” afines con la delincuencia organizada; basó su argumento en un artículo supuestamente publicado por la revista Semana que así lo afirmaba. Para ella, según le entendí, cobraba vigencia la teoría de la limpieza social como la posibilidad de higienizar nuestra sociedad a través de la eliminación de los residuos, es decir, aquellos ciudadanos a quienes la política de seguridad democrática no ha ofrecido una alternativa ni un proyecto de vida diferente de la delincuencia y la subversión.

Tamaña sorpresa me llevé al escuchar tal insensatez, pues era mi profesora de MASC quien estaba desconociendo de plano el derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de nuestra Carta Política, desconociendo el derecho a la vida contenido en el artículo 11 del mismo texto, el cual paso a transcribir enseguida: “El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”. Creo que esto quiere decir que aún el desechable, el delincuente y el violador más tenebroso y desagradable de nuestra sociedad, tienen derecho a existir bajo el cielo colombiano, y que es el Estado el que debe garantizar niveles de vida favorables que garanticen la paz nacional y el orden público, pero definitivamente la estrategia no es matar a los que abandonen la legalidad; salvo que recientemente una de las Altas Cortes o el Honorable Congreso de la República hayan modificado por vía jurisprudencial o legislativa este precepto constitucional en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho.

Allí termino la discusión, mis compañeros intervinieron luego, algunos a favor, otros en contra, pero ninguno de nosotros con la suficiente contundencia argumentativa que permitiera hacer entrar en razón a nuestra querida profesora.

Abro en este espacio un debate en torno a este tema, el cual permanecerá abierto hasta que termine este semestre.

Sugiero una lectura que ilustra mejor el caso de los jóvenes de Soacha. CLICK AQUI PARA VER